- nov, 16 2025
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En el corazón de Santiago, donde las calles de Las Condes y Vitacura reflejan la prosperidad de la zona oriente, ocho candidatos a diputados por el distrito 11 —que agrupa a La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura— tienen historiales judiciales vinculados a actos de violencia. La revelación, fruto de una investigación de El Líbero, pone en evidencia una paradoja: comunas con altos índices de renta y educación, donde se postulan figuras con antecedentes de lesiones, amenazas y vandalismo, mientras se preparan para competir por seis escaños en las elecciones del 16 de noviembre de 2025Santiago.
Los nombres detrás de los casos
Entre los ocho candidatos con vínculos directos a violencia, destaca Melina Gianelli, de la Federación Verde Regional Social, con 11 causas penales abiertas —cuatro por lesiones—, algunas como denunciante, otras como imputada. Su caso no es un aislado. Ernesto Exequiel Cortéz, del Partido de la Gente, denunció en 2018 que fue agredido con un puño y un fierro en una calle de Renca. El acusado fue multado, pero la historia sigue vigente como parte de su perfil político. En otro extremo, un exconcejal de Lo Barnechea presentó este año una querella por amenazas de muerte en redes sociales, afirmando: "La derecha radical está desatada". La causa aún está en tramitación.
Además, un excandidato a alcalde de Lo Barnechea enfrenta una investigación por presunta estafa y vandalismo contra propaganda electoral. Estos casos no son meros detalles: son señales de un entorno político donde la violencia —física, simbólica o digital— se ha vuelto parte del paisaje.
El distrito que se juega el futuro
El distrito 11 elige a seis diputados, y hasta ahora cinco de esos escaños están en manos de la derecha y centroderecha. Pero este año, la competencia se ha fragmentado: al menos siete listas compiten, desde la Verdes, Regionalistas y Humanistas hasta el Partido Republicano de Chile y el Partido Nacional Libertario. Entre los nombres más visibles están Igor Contreras, Ricardo Andrés Avilés, Cristopher Alexeis Suárez, Paula Huechaqueo, Elizabeth Fuentes, Marcela Ivonne Caballero, Maricel Donoso y Ricardo Andrés Silva, todos del Partido de la Gente, que concentra la mayor cantidad de candidatos con antecedentes penales.
El contraste es notable: mientras en Las Condes se anuncian campañas con fondos de publicidad digital y eventos en centros comerciales, en los juzgados de Santiago se tramitan denuncias por golpes, intimidaciones y daños a bienes públicos. No es una contradicción menor: es un espejo de cómo la política chilena ha cambiado, y cómo las élites locales ya no se protegen tras la apariencia de estabilidad.
Un patrón que va más allá del distrito 11
La investigación de El Líbero no es aislada. En el distrito 10 —que incluye Ñuñoa y Providencia—, el medio encontró que muchos candidatos tienen vínculos con eventos del estallido social de 2019. En el distrito 9, los casos apuntan a riñas, drogas y apropiación indebida. Y en el distrito 8, se documentaron historias de corrupción y violencia en zonas populares. El patrón es claro: la violencia política no es un fenómeno de un solo sector, sino una grieta que atraviesa todo el espectro.
Lo que sorprende en el distrito 11 es que muchos de estos candidatos se presentan como defensores del orden, la seguridad y la legalidad. Pero sus propios expedientes hablan de otra cosa. "No se trata de juzgar a alguien por un error del pasado —dice un abogado penalista que pidió anonimato—, pero cuando se postula a un cargo de representación, la transparencia no es un lujo, es un deber".
¿Qué pasa con la confianza de los votantes?
En una encuesta reciente de la Universidad Católica, el 68% de los electores del distrito 11 dijo que consideraría retirar su voto si descubriera que un candidato tiene antecedentes por violencia. Pero solo el 23% dijo conocer los detalles de los expedientes judiciales de los postulantes. La brecha entre lo que se sabe y lo que se cree es enorme. Y eso, más que los votos, es lo que realmente está en juego.
Frequently Asked Questions
¿Cuántos candidatos del distrito 11 tienen antecedentes penales y cuántos están vinculados a violencia?
De los 44 candidatos a diputados en el distrito 11, 18 tienen algún tipo de antecedente penal, y ocho de ellos están directamente vinculados a casos de violencia, como lesiones, amenazas o vandalismo. Melina Gianelli lidera este grupo con 11 causas abiertas, cuatro por lesiones. Estos datos provienen de registros del Poder Judicial revisados por El Líbero.
¿Por qué es relevante que candidatos de zonas acomodadas tengan antecedentes de violencia?
Porque contradice la imagen de estabilidad y orden que estas comunas proyectan. Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea son símbolos de la élite económica chilena, pero los casos judiciales muestran que la violencia política no conoce clases sociales. Esto cuestiona la narrativa de que solo ciertos sectores generan inseguridad, y exige mayor transparencia en la selección de candidatos.
¿Qué tipo de casos penales se han documentado entre los candidatos?
Los casos incluyen lesiones (como los cuatro que afectan a Melina Gianelli), amenazas de muerte por redes sociales, vandalismo contra propaganda electoral, y agresiones físicas con objetos contundentes. Algunos ya fueron resueltos con multas, otros están en etapa de formalización. La mayoría no han derivado en condenas, pero sí en registros públicos que los electores tienen derecho a conocer.
¿Cómo ha respondido el Poder Judicial a estas denuncias?
El Poder Judicial ha procesado los casos según su gravedad: algunos con multas leves, otros en etapa de investigación. No hay evidencia de favorecimiento por estatus social, pero sí de lentitud en la tramitación. El hecho de que las denuncias sigan abiertas meses o años después sugiere un sistema sobrecargado, no necesariamente corrupto, pero poco eficiente para responder a la violencia política.
¿Existen precedentes similares en elecciones anteriores?
Sí. En las elecciones de 2021, El Líbero documentó casos similares en el distrito 10, donde candidatos con vínculos al estallido social de 2019 se postularon como defensores del orden. En 2017, también se reveló que varios diputados electos tenían antecedentes por violencia doméstica. El patrón se repite: la justicia sigue siendo invisible para muchos votantes hasta que los medios investigan.
¿Qué pueden hacer los votantes para exigir transparencia?
Consultar el portal del Poder Judicial (www.poderjudicial.cl) y buscar los nombres de los candidatos en el sistema de causas. También pueden exigir a los partidos que publiquen sus antecedentes de forma clara y accesible. En países como España o Canadá, esto es obligatorio. En Chile, todavía no, pero la presión ciudadana puede cambiarlo antes de las elecciones.
Nataly Aguilera
Soy periodista especializada en noticias y me apasiona escribir sobre temas de actualidad en Chile. Trabajo en un periódico nacional donde cubro diversas historias que impactan diariamente a nuestra sociedad. Mi objetivo es informar de manera precisa y oportuna, ayudando a la comunidad a estar siempre al tanto.