Fugitivos detenidos al ir a votar: nueve arrestos en las elecciones de Buenos Aires

• sep, 8 2025
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Nueve detenidos en una jornada electoral con seguridad reforzada

Nueve personas con pedidos de captura terminaron detenidas cuando se presentaron a votar en las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre. La escena se repitió en distintos puntos del conurbano: efectivos apostados en las escuelas, coordinación silenciosa entre fuerzas, y arrestos discretos para no interferir con el acto electoral. La postal no es casual. En jornadas con alta circulación de gente, el despliegue de control aumenta y los fugitivos que se sienten a resguardo al ir a votar suelen quedar expuestos.

El caso que marcó el ritmo del operativo fue el de F.P., 27 años, buscado desde 2020 por robo agravado bajo la modalidad de “piratas del asfalto”. La División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal lo localizó en la Escuela Secundaria N.º 56, en Ayolas 1135, Villa Fiorito (Lomas de Zamora). Según el expediente, está señalado por asaltar a mano armada a un hombre que trasladaba bolsas con insumos para fabricar ropa interior femenina. Su cómplice aún no fue identificado.

La detención tuvo repercusión política inmediata. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, publicó: “Fue a votar y terminó preso. La Policía Federal detuvo a un delincuente con captura por robo agravado”. Y remató: “Mientras otros se esconden y defienden a los delincuentes, nosotros los metemos presos. En esta Argentina, el que las hace, las paga”. El mensaje apuntaló la línea de mano firme que el Gobierno intenta asociar a su gestión en seguridad.

Hubo otra detención de alto impacto en La Matanza. En la Escuela de Educación Secundaria N.º 13, en Lomas del Mirador, agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) arrestaron a un hombre con pedidos de captura nacional e internacional por abuso sexual agravado. La causa quedó bajo la órbita de la UFI N.º 4 especializada en Violencia de Género de La Matanza, que instruye las actuaciones y definirá los próximos pasos procesales.

En Berisso, la policía provincial aprehendió a R.J.C., 23 años, señalado por una pelea callejera ocurrida la víspera de la votación que terminó con un joven de 29 años apuñalado. El caso está caratulado como lesiones gravísimas y podría derivar en una acusación por tentativa de homicidio si la víctima empeora o si se agravan los elementos recolectados.

Además de estos hechos, se registraron arrestos por tentativa de homicidio y robos en distintas localidades del Gran Buenos Aires. El esquema operativo fue mixto: en algunos casos actuó la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA; en otros, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo de áreas de análisis criminal y equipos de calle que venían siguiendo movimientos de los buscados.

El expediente del presunto “pirata del asfalto” quedó a cargo de la UFI N.º 7, conducida por el fiscal Sebastián Andreoli, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6. Tras la captura, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N.º 6 de Florencio Varela para prestar declaración y definir su situación. En paralelo, se revisan antecedentes y posibles conexiones con otros asaltos a transportistas.

¿Cómo se concretan estos arrestos en un día de comicios sin afectar el derecho al voto? La clave es la coordinación. La autoridad de mesa verifica la identidad con el padrón y, si hay una alerta previa, los oficiales ubicados en el perímetro esperan el momento adecuado para intervenir fuera del aula, muchas veces cuando la persona abandona el establecimiento. La prioridad es evitar escenas que perturben la votación o intimiden a los electores.

La ley argentina es clara: la presencia de fuerzas de seguridad dentro de los centros de votación es limitada y solo se permite a pedido de la autoridad de mesa. Por eso, la mayoría de las detenciones se hace en accesos o en la vía pública. El objetivo es cumplir las órdenes judiciales sin interferir con el proceso electoral ni con la libertad de los ciudadanos que acuden a sufragar.

El contexto también importa. Más de 14 millones de bonaerenses estaban habilitados para votar en la renovación de la Legislatura y de los concejos deliberantes en los 135 municipios. En ese flujo masivo, aparecen rutinas: personas que no pisan lugares públicos suelen acercarse por obligación cívica. Ahí, los equipos de búsqueda concentran esfuerzos, con listas de prioridades, fotografías actualizadas y alertas cruzadas con fiscalías y juzgados.

La modalidad “piratas del asfalto”, sospechada en el caso de Villa Fiorito, es un clásico delictivo con fuerte impacto económico: bandas que apuntan a vehículos de carga y a transportistas que mueven mercadería, muchas veces de alto valor y de fácil reventa. El robo mencionado en la causa de F.P. no fue a un camión, sino a un hombre que llevaba insumos para confección; aun así, encaja en un patrón: grupos que localizan a quien traslada bienes y atacan con armas para forzar la entrega.

En La Matanza, la investigación por abuso sexual agravado se tramita bajo secreto en varios tramos. El arresto en plena votación aceleró diligencias pendientes: peritajes, toma de muestras y ruedas de reconocimiento. La UFI de Género N.º 4 tiene competencia específica y suele trabajar con equipos interdisciplinarios para asistir a las víctimas, dar contención y evitar revictimizaciones.

El caso de Berisso, por su parte, muestra otro tipo de dinámica: un conflicto previo, una agresión con arma blanca y la rápida identificación del sospechoso cuando se presentó a votar. Allí, la prioridad fue resguardar el lugar y actuar sin demoras para evitar un posible intento de fuga. En causas de violencia reciente, el seguimiento en tiempo real es determinante para capturar a alguien que todavía no cambió rutina ni domicilio.

¿Se trata de una “cacería” planificada alrededor de las urnas? Las fuerzas lo plantean como una acción puntual y legal: cumplir órdenes de detención activas cuando tienen una ventana cierta de localización, sin vulnerar derechos ni el secreto del voto. La contracara del argumento es el cuidado del clima electoral: por normativa, la seguridad debe ser visible pero no intimidante. Por eso, el operativo trabaja con bajo perfil, comunicación reservada entre fiscales, jueces y jefaturas, y protocolos para que la escuela siga funcionando con normalidad.

La coordinación entre la Policía Federal y la Bonaerense fue un punto clave. La Superintendencia de Investigaciones Federales, especializada en búsqueda de personas con paradero desconocido, cruzó información con unidades territoriales. En la provincia, las DDI aportaron conocimiento de zona y apoyo logístico. Esa combinación, sumada al cruce de datos de causas en curso, explica por qué varios sospechosos cayeron casi en simultáneo.

Tras los arrestos, el circuito judicial se activa con velocidad: notificación al juzgado de garantías, audiencia de declaración, verificación de antecedentes, peritajes y, si corresponde, pedido de prisión preventiva. En paralelo, las defensas pueden cuestionar el procedimiento o pedir morigeraciones. En delitos graves como abuso sexual agravado, tentativa de homicidio o robos con armas, los fiscales suelen insistir en medidas de coerción para evitar riesgos procesales.

El despliegue de seguridad durante elecciones siempre camina por una línea fina. Hay que proteger el proceso, evitar delitos y, a la vez, garantizar que nadie se sienta presionado en su derecho a votar. Este domingo, la balanza se inclinó hacia la eficacia operativa: nueve pedidos de captura ejecutados sin incidentes mayores y con las escuelas funcionando. Para el Gobierno, el mensaje es político y directo. Para la Justicia, empieza ahora el tramo más lento: demostrar responsabilidades con pruebas y sostener las acusaciones en tribunales.

Dónde y por qué cayeron: mapa de los casos

• Villa Fiorito (Lomas de Zamora): detención de F.P., 27 años, buscado desde 2020 por robo agravado bajo modalidad “piratas del asfalto”. Intervienen UFI N.º 7 (fiscal Sebastián Andreoli) y Juzgado de Garantías N.º 6 de Florencio Varela.
• Lomas del Mirador (La Matanza): arresto de un sospechoso con requerimientos de captura nacional e internacional por abuso sexual agravado. Instruye la UFI N.º 4 especializada en Violencia de Género.
• Berisso: detención de R.J.C., 23 años, acusado de apuñalar a un hombre de 29 años en una pelea callejera ocurrida el día anterior a la elección. La causa avanza por lesiones gravísimas y podría recalificar a tentativa de homicidio.
• Otras localidades del conurbano bonaerense: aprehensiones por tentativa de homicidio y robos, en procedimientos coordinados entre la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Detrás de cada captura hay un dato que no pasa desapercibido para los investigadores: la rutina cívica puede volverse una pista. Quien evita lugares públicos durante meses se presenta a votar por obligación legal. Las fuerzas, al tanto, desplegaron un anillo de control sin interferir con el curso de la elección. Y cuando la identidad coincidió con pedidos vigentes, ejecutaron la orden. Sin ruidos, sin corte de mesa, sin interrumpir la fila.

En una elección con más de 14 millones de ciudadanos convocados a renovar la Legislatura y los concejos deliberantes de 135 municipios, la estadística cruda deja una señal: los días de urnas no solo cuentan votos. También activan causas que estaban quietas y ponen a prueba la coordinación entre policías, fiscalías y juzgados. Las próximas horas dirán si estos nueve detenidos llegan a juicio con pruebas firmes o si, como tantas veces ocurre, los expedientes deberán recorrer el camino largo de la Justicia.